23:04
Redacción
Rubén Cayetano García*
Los creadores
del Pacto por México, que es el origen de una serie de iniciativas de reformas
a la Constitución Federal y leyes secundarias, como la laboral, hacendarias, educativas
(administrativas), en materia de telecomunicaciones, entre otras, con
propósitos contrarios a los intereses del pueblo mexicano; son los que
violentan el estado de derecho que tanto pregonan.
En un
escenario normal, los procesos legislativos como los que hemos padecido durante
el primer año del actual gobierno federal, iniciarían con la promulgación y
concluirían con la publicación y vigencia de una ley pero, durante el proceso
debería darse una discusión en el Congreso de la Unión, conformado por las
cámaras de diputados y de senadores, lo que en los hechos no ocurre.
El pacto
por México no es un instrumento legal, porque no está previsto por ninguna
legislación del país. Es otro poder fáctico como muchos otros que coexisten a
raíz de intereses ajenos a la nación, aun cuando en el participen el gobierno
federal y los partidos políticos PAN, PRI y PRD. Dicho de otra manera, si
fueran intereses de la nación los que se representan ahí, pues para eso están
los poderes constitucionales previamente establecidos.
El secuestro
del Congreso de la Unión, hecho por dicho pacto, ocurre a partir de que el
cúmulo de reformas dañinas, no se deliberan en esa instancia idónea. Las
decisiones sobre esas reformas y el futuro del país se toman en el gobierno y
en las cúpulas de los partidos apergollados en el pacto, es decir entre unos
cuantos. Con ese proceder, se violan los artículos 39, 40 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que
nuestro país es una república soberana, representativa y democrática, cuyo
poder dimana del pueblo y sus decisiones, deben tomarse, en beneficio de éste,
a través de los Poderes de la Unión. Ni el gobierno federal juntamente con los
partidos políticos del amañado pacto son esos poderes, en este desaseo, también
se llevan entre las patas al imperativo 49 de la Carta Magna, que mandata la
división de poderes, a los que el pacto no solo ha desdeñado, sino suplantado.
En particular al Congreso que hoy no es más que una vía rápida para los fines
contrarios al pueblo de México.
El concepto
de nación, aunque no lo define la Constitución, es supremo en México, en sí
mismo contiene conceptos en común como: país, república, pueblo, estado,
gobierno, territorio, poderes, tradiciones, idiomas, leyes y soberanía. Muchos
artículos de la Constitución la salvaguardan desde distintas acepciones. Por
ejemplo en el 2º, se dice que la nación es única e indivisible; en el 27, que
la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio
nacional, corresponde esencialmente a la nación; y, a propósito del tema, en el
51, que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación. Por
eso se advierte la sanción al juramento o protesta de cualquier representante
popular y a todo servidor público que reza: “si no lo hiciereis así, que la
Nación os lo demande”. La nación es todo eso, es la patria. La misma que es traicionada
por los representantes que no están cumpliendo con el mandato popular
consagrado en la norma suprema. El acto de traición, se consuma a partir de la
sumisión a las consignas cupulares, pero recae inexcusablemente en cada
legislador de las cámaras alta y baja, según se asuma.
Movilización para salvar a la nación
¿Qué
hacer? Retomando la esencia del poder público en México, solo el pueblo puede alterar
o modificar la forma de su gobierno. Esta no es una insinuación temeraria, por
el contrario, es una facultad en manos de la gente. Al gobierno y a los
partidos les interesa la siguiente elección. Que los electores no voten por
ellos, eso sí les duele. De tal manera
que si el pueblo se moviliza deslegitima
su accionar, les expediría la factura que el electorado les cobraría en el 2015,
esa es la única vía para frenarlos. No debe, el pueblo, permanecer estático, resignándose
a que en el Congreso ya están amañados. Al no estar representado el pueblo,
como lo ordena la Constitución del país, la única alternativa es la
movilización pacífica.
Los
poderes fácticos, como los que incuba el Pacto por México, son instrumentos del
sistema neoliberal aplicado en el país desde hace más de 30 años, que controla
todos los poderes e impide el
crecimiento económico y que ha condenado a millones de mexicanos a la pobreza,
desempleo y violencia, mientras se celebran grandes negocios al amparo del
poder público, con bienes de la nación y de todos.
Es la hora
histórica de no dejar a la nación en el estado en que se encuentra, indefensa.
La responsabilidad no solo es de los políticos maiceados, que están de paso y
no saben lo que hacen. Es de cada mexicana y de cada mexicano. La inacción nos
condenaría y cancelaría el futuro de las generaciones que vienen. En 1938, fue
el pueblo el que sacó a flote y legitimó la expropiación petrolera del general
Lázaro Cárdenas, es el momento de decirle a esos mexicanos, que por lo hecho,
nosotros también aquí estamos, prestos para evitar el robo más grande de todos
los tiempos, como se pretende hacer con el petróleo, que es de la nación.
*Secretario
General de Morena en Guerrero.
Secciones: articulos
