Conoce aquí la iniciativa completa:
La
suscrita MA. DE JESÚS CISNEROS MARTÍNEZ,
Diputada Representante Parlamentaria de MORENA en la LXI Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con fundamento en
lo dispuesto por los artículo 61 Fracción I, 65 Fracción I de la Constitución
Política del Estado, y 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
número 286, me permito someter a la consideración de esta Plenaria, la
siguiente propuesta de Decreto por la que la LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO,
DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE
GUERRERO, sea considerada Ley Reglamentaria de los artículos 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
CONSIDERANDOS
La LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y CULTURA DE
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO, se publicó el día 8
de abril de 2011, el día 1º de ese mismo mes y año, había iniciado el mandato
del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, su promulgación fue uno de los
últimos actos del saliente gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, tal vez lo
hizo ya conociendo quien gobernaría, como acto en contra de su enemigo
político, pues al régimen neoliberal no es proclive a la creación de normas o
leyes a favor de los pueblos y comunidades indígenas por lo que Zeferino Torreblanca,
no quiso quedarle mal al sistema y la promulgó de último momento, dejándole la vigencia al siguiente gobernador.
Son muchos los políticos que en sus discursos demagogos
dicen luchar a favor de los que menos tienen, a favor de los más pobres, a
favor de los marginados y también a favor de los indígenas, de sus derechos, de
sus pueblos y de sus comunidades, pero esos políticos pragmáticos y ramplones,
que se dicen muy experimentados y conocedores de los problemas de Guerrero, no
son más que vulgares simuladores, a los que bien les queda lo que decía Juárez:
"Malditos
aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos lo
traicionan".
El gobierno de Ángel Aguirre, no tenía ni idea de esa ley
indígena, de su proceso legislativo y de su promulgación. Fue hasta el 22 de
agosto del 2012, cuando un Juez de Primera Instancia en San Luis Acatlán, es
detenido por la Policía Comunitaria, para llevarlo a un proceso de reeducación
bajo el sistema de usos y costumbres, por presuntos actos de corrupción, cuando
se da cuenta de la vigencia de la Ley 701 y de un nuevo sistema de justicia
contemplado en esta ley.
El más indignado por la detención del Juez Filemón Vázquez y
otros funcionarios ministeriales, fue el entonces presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, quien con sus dotes de gran
jurista, arremetió contra la CRAC, la Policía Comunitaria y la Ley 701, mencionando
que la justicia indígena era medieval y arcaica y que la Ley 701 era un Caballo
de Troya para el gobierno, como si la impartición de justicia en Guerrero no
tuviera fallas, siendo que en San Luis Acatlán hasta fecha hay Juzgado Mixto,
como en el siglo pasado. En la cuna de la CRAC y de la Policía Comunitaria, no
hay justicia especializada en materia civil, penal, familiar o mercantil,
además de que para allá mandan a Jueces castigados, inexpertos y corruptos.
Con esa postura prepotente contra los pueblos indígenas el
ex presidente del Tribunal de Justicia del Estado, se ganó la confianza de
Aguirre Rivero y siendo el representante de uno de los poderes, el judicial,
prefirió ser empleado del Poder Ejecutivo y fue designado Secretario General de
Gobierno, con un objetivo muy claro y bien definido, abolir la Ley 701 y acabar
con el naciente sistema de justicia indígena, que generó que pueblos de
Costa-Chica y Montaña de Guerrero, se
organizaran para darse seguridad a sí mismos, ante la imposibilidad de
garantizarla por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales.
La LEY 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y CULTURA DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO, otorga autonomía a esos
pueblos y libre determinación para autogobernarse y designar sus propias
autoridades; concede personalidad jurídica y da el derecho a delimitar la
jurisdicción de sus comunidades, protegiendo a sus autoridades tradicionales.
En términos del artículo 13 confiere a los pueblos indígenas, incorporar en el
Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un representante y en el
Título Tercero contempla, de los artículos 35 al 42, el Sistema de Justicia Indígena
y obliga a la CRAC y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a delimitar
sus ámbitos jurisdiccionales.
No todo es justicia y seguridad, el titulo cuarto de la Ley
701 tiene 6 capítulos, que se refieren al desarrollo sustentable de los pueblos
y comunidades indígenas, como son: Servicios
de Salud, Educación y Lenguas Indígenas, Desarrollo Económico, Derechos de la
Mujeres, Niños y Adultos Mayores, el Fomento Artesanal, el Aprovechamiento de
los Recursos Naturales en los Territorios de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Nada de lo anterior se puso en marcha, la Ley 701, desde su
vigencia ha sido letra muerta para el gobierno. No hubo respeto a la CRAC-PC, no
hubo representante ante Derechos Humanos, no hubo delimitación jurisdiccional
entre Tribunales y la Justicia Comunitaria, por parte del Congreso, la anterior
legislatura, jamás aprobó presupuesto alguno para atender lo antes señalado
como desarrollo sustentable de los pueblos indígenas, por el contrario, típico
del gobierno para sembrar la discordia y la división de nuestros pueblos
indígenas, le suministró a algunos líderes de la CRAC dinero no autorizado por
el Congreso, lo que generó la
conformación de grupos y la división de
la CRAC, pero eso auspiciado para distraer a sus integrantes y que estos se
desentendieran del objetivo principal, fraguado desde el gobierno y que es la
desaparición de la Ley 701, a la que denominaron, reitero, Caballo de Troya.
La anterior legislatura a este Congreso del Estado, realizó
8 foros en las regiones de Guerrero, para recibir propuestas de la ciudadanía
con el aparente objetivo de ser tomadas en cuenta en la Nueva Constitución.
MORENA participó en todos, como ninguna otra organización política y además de
otros temas, en los foros de Ometepec y Tlapa de Comonfort, advertimos del riesgo de abolición que se venía en contra
de esta Ley, sin embargo para entonces, el gobierno de Ángel Aguirre, ya estaba
haciendo bien su trabajo, la CRAC entraba en una fase de crisis y franca
división, se peleaban internamente por el poder del dinero corruptor y nadie
hizo aprecio de esa advertencia que hicimos.
A la par de la división, el gobierno federal, otorgaba concesiones
a empresas mineras, nacionales y extranjeras, particularmente canadienses, para
saquear el subsuelo de los territorios indígenas, sin el mínimo respeto al
ecosistema, recursos naturales y derechos laborales, amén del privilegio fiscal
para extraer recursos y metales preciosos.
Ante el vacio por no delimitar las funciones de autoridad de
la CRAC con la demás autoridades del estado, las distintas organizaciones de la
CRAC y Casa de Justicia, entran en conflictos de autoridad a autoridad. Es así
como el gobierno inicia la persecución y detención de aquellos líderes
indígenas que no se sometieron a las pretensiones del gobierno y es así como
detiene ilegalmente y por motivos políticos a Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo
Campos y otros, de quienes seguimos demandando su libertad.
Terminando los foros, fueron constantes las reuniones entre
Jesús Martínez Garnelo y diputados de la anterior legislatura, para presumir el
proyecto de Nueva Constitución de Guerrero. Hasta se pavoneaban Abelina López y
Héctor Astudillo, presidenta y secretario de la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, diciendo como dicen los políticos tradicionales y
fanfarrones “Estamos llegando a acuerdos y a consensos”, como si una ley
constitucional fuera cosa de reparto político y de acuerdos cupulares entre
partidos y gobierno.
Desde MORENA y desde el Colegio de Abogados de Chilpancingo,
advertimos el albazo por la Nueva Constitución, máxime que en este Congreso ya
no había oposición, existía la unanimidad y ningún diputado se opondría al retroceso
en materia de Derechos Humanos y en materia de Derechos Indígenas, como
finalmente ocurrió, la Nueva Constitución se aprobó de manera unánime, como
tantas otras cosas que en nada beneficiaron al pueblo de Guerrero, por eso
sostenemos que al pueblo le hace mucho daño la unanimidad.
Una vez promulgada la Constitución actual, el gobierno en
una de sus ocurrencias de mayor ridículo, ocultó el periódico por el que se
publicó la reforma a la Constitución de Guerrero, nosotros lo advertimos e
incluso tuvo que intervenir el Instituto de Transparencia y Acceso de
Información Pública del Estado (ITAIG) para exigir su publicación. Estaba
claro, era una maniobra legaloide y chicanera para impedir la impugnación a
dichas reformas, hasta ese derecho quiso coartar el gobierno del estado, y es
que Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno, sabía de nuestro seguimiento al
proceso constitucional.
Desde MORENA y desde el Colegio de Abogados de Chilpancingo,
iniciamos la tarea de informar a la CRAC sobre esta consecuencia de perjudicar
a los pueblos y comunidades indígenas. Fue entonces que logramos la
participación de más de 5,000 hombres y mujeres indígenas que suscribieron una
demanda de amparo que se admitió en el Juzgado Tercero de Distrito con
residencia en la ciudad y puerto de Acapulco, bajo el número 723/2014-III, por
la que demandamos de este Congreso, del Gobernador, del Secretario de Gobierno
y del Director del Periódico Oficial, la
aprobación, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 14 de la Nueva Carta Magna Local, además de la discriminación que con
la reforma se ha hecho a los pueblos y comunidades indígenas, ante la falta de
aplicación y vigencia de la Ley 701.
El
pasado 20 de octubre fuimos notificados que el juicio de amparo fue sobreseído,
es lógico, ya sabemos cómo actúan en el Poder Judicial Federal, el régimen
tiene secuestrados todos los poderes, hay muchos jueces, magistrados y ministros
que reciben línea y proceden como paleros de Los Pinos. Aún así vamos a recurrir
a la Revisión Constitucional de ese amparo.
Sin embargo, más allá de las instancias judiciales y la
lucha legal, existe esta legislatura como entidad política que aun puede
tutelar esos derechos fundamentales de los pueblos indígena, sólo se requiere
sensibilidad y voluntad para armonizar el contenido de esa Ley 701 con el nuevo
texto constitucional, concretamente con los artículo del 8 al 14.
Esta ley indígena es de orden público, cumplió todos los
requisitos de un proceso legislativo fue promulgada y publicada, se encuentra
aún vigente y tutela los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de
Guerrero, su vigencia debe ser respetada y prolongada, a efecto de que dichos
pueblos alcancen su ideal histórico de ser autónomos y que ejercen
autodeterminación, pero que además garantizan el derecho al desarrollo
sustentable.
El PRI siempre presume, al menos en el discurso el
cumplimiento de la ley y pregona el estado de derecho. El PRD también habla ya
del acatamiento a la ley y hasta se ufana de aprobarle cosas a Héctor Astudillo
Flores. Otros partidos dicen que no van a regatear nada al Poder Ejecutivo.
Siendo así, no veo porque serian tan dadivosos con el gobernador de quien deben
separar sus decisiones porque así lo establece la ley en la división de poderes
y no puedan serlo con los indígenas, con el pueblo, con sus representados, si
la ley les impone velar por sus intereses, vamos a ver si actúan en
consecuencia, es decir si son congruentes con el mandado popular, en razón de
que no habría razón justificada para negar la aprobación y expedición de este
decreto que promuevo.
Por lo expuesto y fundado en el artículo 61 fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, me permito
someter a consideración de este Pleno, el siguiente:
Proyecto
de Decreto de Reforma al artículo 1º de la LEY 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS
Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO.
ÚNICO.- La Sexagésima
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, reforma el artículo 1º de
la LEY 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO, debiendo quedar como sigue:
“Artículo 1º.- La
presente ley es de orden público e interés social, emitida bajo los principios
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales en materia indígena, es reglamentaria de los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y de
aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el territorio del Estado.”
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La
presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación el
periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Se
derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que
se opongan a lo dispuesto en esta Reforma.
Chilpancingo,
Guerrero, a 28 de octubre de 2015.
ATENTAMENTE
Representante
Parlamentaria de MORENA en la LXI Legislatura
DIP.
MA. DE JESÚS CISNEROS MARTÍNEZ
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Redacción
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