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Redacción
Rubén
Cayetano García*
Las consejeras y consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en
Guerrero (IEPC), están atrapados en un extravío histórico. La preparación y
capacitación para ser consejeros electorales y la experiencia adquirida en
anteriores procesos no les alcanza para el manejo idóneo de una situación como
la que atraviesa el Estado de Guerrero. Están hechos para elecciones en un
escenario normal, si acaso con incidentes el día de la jornada electoral, pero
la convulsión que vive la entidad a nadie le había tocado, por eso exhiben su
falta de definición como organismos que si bien son públicos, no son parte del
gobierno, ni de los tres poderes.
Vistos desde el poder no es extraño estar
así, si el gobierno de Rogelio Ortega Martínez atraviesa por una severa crisis de
legitimidad y el propio Enrique Peña Nieto está sumergido no solo en la
ilegitimidad, sino también en la corrupción que exhibe el soborno por parte de
una de las empresas beneficiadas en la licitación del tren de Querétaro y la
incapacidad para resolver el caso de Ayotzinapa, sin dejar de mencionar el
grave retroceso que representan para el país las llamadas reformas estructurales.
¿Podría justificarse que los consejeros andan igual por lo mismo?
Aunque la ley define que los
órganos electorales son ciudadanos y autónomos, independientes en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargados
de organizar comicios y hacer cumplir disposiciones constitucionales en materia
electoral, todos sabemos que en los hechos no lo han sido, que más bien son –al
igual que los tribunales electorales- instituciones que se conforman a partir
de negociaciones realizadas en los congresos estatales y de la Unión, donde
confluyen fuerzas e intereses de partidos políticos, hegemónicamente del PRI,
PAN y PRD con sus allegados como el Partido Verde entre otros, que ejercen sobre
cada uno de sus consejeros un control. Difícilmente pueden mostrarse como
órganos con decisiones independientes. Ha sido la etiqueta de cada consejero
identificarse -por no decir que pertenecen- con un partido político, corriente
o de plano con un padrino. Sobran ejemplos.
Nunca antes, los consejeros habrían
tenido la necesidad de declarar en nombre del instituto, su autonomía y
carácter ciudadano, las circunstancias no se los exigieron como ahora. Su
conducta ha sido recurrente y
reincidente hacia el poder público y más aún con el ejecutivo, quien los mira
con cierto paternalismo. Verbigracia: Si requieren ampliación de presupuesto,
giran oficio petitorio al Secretario de Finanzas y si les toman o pintarrajean
sus instalaciones se van hacia la Secretaría de Gobierno o al Grupo de
Coordinación Guerrero, conformado por diversas corporaciones policiacas además
del Cisen, la Marina, la Defensa Nacional y la PGR, como lo han dicho en
sesiones Marisela Reyes Reyes y David Alejandro Delgado Arroyo. Inhibiendo con
tales conductas las más virtuosas de sus características legales: de ser
ciudadanos con autonomía.
Cuando exigimos del INE e IEPC, exhortar
a los gobiernos estatal y federal para generar condiciones de gobernabilidad,
paz y justicia en Guerrero, para que el proceso electoral se desarrolle
normalmente, implica que debe esclarecerse a fondo la verdad de los hechos de
Iguala, encuentren y regresen con vida a los 43 jóvenes desaparecidos, se
devuelva ya la libertad a luchadores sociales como Néstora Salgado y todos a
los que injustamente se le mantiene encarcelados en penales fuera de Guerrero,
convencidos de que solamente con estas medidas de carácter político se pueden
crear esas condiciones.
El INE y el IEPC, no pueden ni deben
asumir las tareas de los gobiernos, menos
aún solicitar medidas de “seguridad”, la seguridad no tiene que ver con la
salvaguarda de las instalaciones de las Juntas Distritales o en su momento las instalaciones
de las casillas. A lo que se refiere el partido MORENA, que encabeza Andrés
Manuel López Obrador, es a la gobernabilidad y no a actos simulados para
generar una seguridad temporalera, mientras transcurren las elecciones. Eso
sería solo para permitir la asunción al poder de la misma forma en que ha
ocurrido siempre, para después seguir igual.
Al negar dichas exhortaciones y
al plegarse al poder público, las consejeras y consejeros no hacen más que
exhibir su extravío respecto al papel que deben jugar, pues entre más reincidan
en esas omisiones y acciones erróneas, menos confianza darán a la ciudadanía para
que las elecciones se realicen. Es ahora
más que nunca que deben erigirse con autonomía para desplegar todas las tareas
y atribuciones legales para iniciar el camino hacia una autentica democracia,
con la posibilidad de que el pueblo opte por un cambio verdadero y así,
mediante el sufragio, frenar este régimen de opresión e injusticia. Sería la
primera vez que los órganos electorales pintaran su raya respecto del gobierno
y sentarían las bases aquí en Guerrero para sacudirse el mote de ser
dependientes, sumisos y paleros del poder público, en sus manos tienen la
realización de las elecciones.
No sobra advertir que en la
medida en que sigan incitando al gobierno a que brinde seguridad a los órganos
electorales, le estarán aportando elementos de preparación de actos represivos
contra el movimiento social que pide justicia. Las elecciones no deben ser un
pretexto para un acto reprobable. Las declaraciones más recientes de Marisela
Reyes Reyes, consejera presidenta del IEPC, sobre la autonomía del órgano
electoral estatal, parecen una tibia luz en el túnel, empero del dicho al hecho
hay mucho trecho.
*Representante del partido MORENA
ante el INE e IEPC.
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