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Redacción
Rubén
Cayetano García*
El texto vigente del inciso b) de la
fracción VIII del Artículo 35 de la Constitución Política del País, establece
que son derechos del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional, que sean convocadas por el Congreso de la Unión y a petición de al
menos un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de
electores, que a la fecha es de 82,133,507, según cifras del IFE, con lo que bastaría
que 1,642,670 mexicanos la pidieran, para llevarla a cabo. De no pasar hasta
diciembre, dicha lista disminuiría porque serían dadas de baja las credenciales
con terminación 09 y 12.
El asunto del petróleo y la reforma
a los artículos 27 y 28 constitucionales que salvaguardan bienes para la nación
como el petróleo, no es un asunto menor.
Está en juego la participación de intereses privados nacionales y extranjeros
que buscan compartir la renta (ganancia) petrolera a través de los contratos de
utilidad compartida, que provocarían la insuficiencia presupuestal que
mantendría la falta de crecimiento económico y nulo desarrollo en que estamos
estancados desde hace más de 30 años,
además del incremento de los impuestos como ya ocurre con la reforma hacendaria.
De ahí que se encuadre perfectamente en un tema relevante y trascendental para
el País.
Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, coinciden en la consulta al pueblo en este asunto. Pero la estrategia
no es la misma. Mientras López Obrador, se apega al texto constitucional y
exige la consulta al pueblo antes de que la Cámara de Senadores delibere dicha
reforma, el Ingeniero Cárdenas está planteando, que de aprobarse, se busque revocarla
hasta las elecciones federales del 2015. Plantear hasta entonces una consulta
revocatoria, es dejar hoy vía libre para disponer del recurso estratégico más
importante de la nación. En este escenario de coincidencias pero de estrategias
distintas, hay un antes y un después y debe buscarse la más efectiva.
La consulta debe ser previa, esta
prerrogativa ciudadana no establece la figura de la revocación de una reforma
constitucional, la cual sería prácticamente imposible de lograr, pues si la
consulta no se realiza antes de la deliberación en las cámaras de la unión,
existiría el riesgo de que tales reformas no se revocaran después, ya que las
ejecutarían de inmediato y se otorgarían los contratos de utilidad compartida, por
eso considero que Cuauhtémoc Cárdenas, no debe titubear y debe sumarse a la
estrategia de exigir la consulta ya, poco se podría hacer, reitero, una vez
aprobada la reforma energética. Sería tanto como pedirle a Peña Nieto que
expropiara.
Cuando AMLO, llama a la movilización
y a recabar firmas para exigir la consulta, también acierta al señalar que
ningún candidato a diputado federal, senador o a la presidencia de la república
propuso en campaña, reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, esto constituye
la falta de legitimidad de quienes plantean y promueven dichas reformas para su
pronta discusión y aprobación en las cámaras del Congreso Federal. Quienes
arribaron a esos cargos, ejercen un mandato y el pueblo en ningún momento les
autorizó promover la privatización del petróleo. Por consecuencia es el pueblo quien
posee el legítimo derecho constitucional a ser consultado, ante la intentona
privatizadora. La legitimidad en este caso, es una carencia de Enrique Peña
Nieto y de los legisladores federales.
Defensores leguleyos de la
iniciativa de reforma, confunden al pueblo señalando que al no existir una
norma reglamentaria para realizar la consulta, esta no se puede llevar a cabo, pretendiendo
subrogar un derecho supremo de los ciudadanos a una ley menor, que además es
inexistente, por omisión legislativa intencional. No pueden bajo ningún
criterio en sano juicio, sobajar el texto constitucional.
La consulta en la que se insiste,
debe ser previa a la discusión en las cámaras de senadores y de diputados,
depende únicamente de la voluntad de quienes la exijan, de nadie más,
cumpliendo el requisito de lograr el equivalente, al menos, al 2% de la lista
nominal de electores que al presentarse ante el Congreso, sin excusa, debe aprobarla
y convocarla. En caso de negativa, la ruta sería el recurso constitucional, cuyo
resultado obligaría al Congreso de la Unión a legislar en una ley reglamentaria
su método y realizarla, pero todo esto antes de que se apruebe, he aquí la
importancia de actuar cuanto antes. Los mexicanos debemos ejercer el derecho que tenemos a ser consultados en el
asunto del petróleo, porque es de relevancia y trascendencia nacional, antes de
que se cometa el robo más grande de todos los tiempos.
*Secretario
General del CEE de Morena en Guerrero.
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