Rubén
Cayetano García*
Vaya que nos ha hecho coincidir el gobernador
Aguirre al calificar como un hecho histórico, la iniciativa presentada por Peña
Nieto al Congreso de la Unión. Y es que todos sabemos de hechos históricos de
tal “envergadura” ocurridos en la historia de nuestro país, ahí tenemos la
venta de más de la mitad del territorio nacional por Santa Anna, es la hora que
no se nos olvida. Fue un hecho histórico.
El descaro que han mostrado amanuenses neoliberales
como Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y Emilio Lozoya Austin,
Director de Pemex, en “sendas” entrevistas en Televisa y Tv Azteca, no puede
ser calificado de otra manera que el diseño y la estrategia para llevar a cabo el atraco del siglo.
Han dicho que la reforma a los artículos 27 y 28 de
la Carta Magna, no es privatizadora porque ninguna parte del subsuelo mexicano
será entregado a los extranjeros o iniciativa privada. Ya podemos estar
tranquilos los mexicanos, el subsuelo seguirá siendo nuestro y pues a ver si
sacamos provecho de él. Tal vez sea tiempo para ser productivos o salir de la
pobreza, ir solicitando un pedazo de subsuelo para ver si lo trabajamos o de
plano también lo vendemos, de algo ha de servir el subsuelo a según éstos
señores.
También han dicho que la iniciativa no es
privatizadora, ya que todas las instalaciones de Pemex siguen perteneciendo al
Estado Mexicano y que sólo celebrarán –con la iniciativa privada y extranjeros-
Contratos de Utilidad Compartida. Luego
explican retorcidamente que esos contratos permitirán la inversión compartida y
que los riesgos en la inversión, sólo lo
corren las empresas.
Han de creer los señores funcionarios que los
mexicanos somos muy ignorantes para no comprender con la simple denominación de
dichos contratos, que utilidad no es otra cosa que una ganancia, es decir la
renta petrolera; esto es en realidad lo que van a compartir con los extranjeros
dueños de las principales empresas, las ganancias; dinero que debería
destinarse al ejercicio presupuestal. Ah!, pero el subsuelo seguirá siendo de
todos los mexicanos.
Luego, como parte de la estrategia mediática del
hurto, viene la andanada de empresarios que dicen que apoyan esos Contratos de
Utilidad Compartida. A ver si no ocurre que aquellos empresarios que no tengan maquinaria
para escarbar un pozo petrolero y un contratito de ésos, también se sumen al
apoyo de la iniciativa, solo por ser empresarios y sin analizar los efectos que
causará tal reforma en la economía del país.
En razón de lo anterior Morena, ya ha proclamado lo
siguiente:
Pemex es la empresa más rentable de México y el gobierno federal dice que
no va a venderla ni privatizarla. Pero no es necesario vender las instalaciones
de una empresa pública para privatizar su actividad. Por ejemplo, nunca se ha
vendido un solo fierro de la Comisión Federal de Electricidad pero la mitad de
la generación eléctrica del país ya la producen compañías privadas extranjeras;
por mantener sus negocios se cobran elevadas tarifas de la luz. Eso quieren
hacer ahora con el petróleo.
Cada año el país obtiene del petróleo un billón 250 mil millones de pesos,
o sea, unos 100 mil millones de dólares. Eso representa 40% del presupuesto
nacional. En otras palabras, cuando se construye una escuela, 40% del dinero
proviene del petróleo; cuando se edifica un hospital, 40% de los recursos
vienen del petróleo; cuando se le paga a los maestros o a los doctores del
ISSSTE o del IMSS, 40% de sus salarios provienen del petróleo; de la misma
forma, el 40% del monto de las pensiones de los empleados públicos. Con el petróleo
también se paga 40% de los libros de texto gratuito, de la vivienda de interés
social y de la distribución del agua. El petróleo financia la tranquilidad de
las familias mexicanas y es la base de nuestra independencia económica.
Si se entrega la riqueza petrolera a empresas privadas, así sea
parcialmente, las finanzas públicas dejarán de recibir más de un tercio de sus
ingresos. ¿Y quién va a pagar el faltante? Las clases medias y los más pobres,
ya que el gobierno aumentaría los impuestos, mientras seguirán perdonando a los
grandes empresarios el pago de sus contribuciones fiscales.
Por eso quieren aumentar el IVA de 16 al 19% y extenderlo a medicinas,
alimentos, libros, transporte, colegiaturas y vivienda; esto sería un duro
golpe a la economía de la mayoría de las familias mexicanas, ya que en estos
rubros gastan 90% de sus ingresos. Es inevitable que la privatización del
petróleo conduzca al incremento de impuestos.
Las compañías extranjeras sólo ambicionan quedarse con las enormes
ganancias que genera el petróleo y no invertirán en el desarrollo de México.
Cuando fueron dueñas del petróleo mexicano no pagaban impuestos y daban
salarios miserables a sus trabajadores.
El petróleo es la principal riqueza del país y la última industria que queda
en manos de la nación. Todo lo demás ha sido entregado a empresas privadas,
nacionales y extranjeras. Si se privatizan las ganancias del petróleo
aumentarían los impuestos pero también el desempleo, la pobreza y la violencia.
En suma, se cancelaría el futuro de millones de jóvenes.
Llamamos al pueblo de México a defender el petróleo para la nación y la
economía de las familias, con información, organización y movilización
pacífica.
*Secretario
General del CEE de Morena, La Esperanza de México.