Por: Rubén
Cayetano García
Las
reacciones públicas que provocó el foro de análisis y discusión a la iniciativa
de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, convocado
por el Movimiento Regeneración Nacional estatal, han sido positivas y no era
para menos. Aunque un amplio sector de la sociedad es ajena a éste tipo de
acontecimientos en la vida pública de nuestro estado, porque es escasa la
cultura jurídica en nuestras comunidades, hay organizaciones generalmente
políticas y sociales, que muestran su interés por conocer el texto de un nuevo
marco normativo constitucional local.
A
los poderes fácticos del país, les conviene que la sociedad guerrerense no se
interese en participar en eventos de ésta naturaleza, a la que en algunos
casos, incluso les resulte aburrido y tedioso permanecer sentado durante una
hora y media frente a un conferencista, aún de la talla de Jaime Cárdenas
Gracia, hablando de una reforma integral de la Constitución del estado. Foro en
el que se expresaron conceptos y propuestas tales como: una Constitución
vanguardista, de avanzada y progresista – que no es la que se discute como
iniciativa, sino a la que se aspira-; y a la cual dos poderes –legislativo y
judicial- y otros “especialistas” le metieron mano y deformaron la que de
origen Porfirio Muñoz Ledo entregó al gobernador y que fue producto de aquellos
foros de campaña de Ángel Aguirre Rivero, en los que participamos para lograr
una norma estatal más justa y fraterna para sacar adelante a nuestro pueblo del
atraso y la marginación, la que a su vez contenía en sus primeros 29 artículos
una amplia definición y protección a los derechos humanos y que reconocía los
tratados internacionales que en ésta materia ha celebrado nuestro país; la
misma a la que el ahora gobernador tijereteó al otorgarle al ejecutivo 49
atribuciones sin contrapesos y que someten al poder legislativo y al judicial, lo
que le permitirá solicitar préstamos sin la autorización del congreso. Que desvaneció
la propuesta de crear una corte local constitucional o al menos una sala
constitucional autónoma que garantice la aplicación de la propia Constitución y
el control de poderes, sin necesidad de ir a tribunales federales por
conflictos entre poderes, o entre poderes y municipios, o entre diversos sectores
de la sociedad contra el poder público, ante la falta de un tribunal que
salvaguarde dicho texto constitucional. Que eliminó la revocación del mandato
de la propuesta originaria cuya definición tiene que ver con la aspiración
soberana de que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar o
modificar la forma de su gobierno. Que se advierte que en materia de
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas es aislada y
desarticulada y por lo tanto muy débil, contrario a la rigidez que el asunto
requiere, sobre todo ahora que los políticos gozan de absoluta impunidad no
obstante de desgraciar –dispensen respetables lectores, pero no encuentro un
término más sutil acorde- al pueblo que representan. Que se propone, porque no
se establece en la iniciativa, que quienes sean representantes populares, no
puedan aspirar a otro cargo sin antes haber terminado el mandato conferido y
sin haber rendido cuentas ante los órganos fiscalizadores y sus electores. Que se
observa que le permitirá al gobernador en turno nombrar a sus magistrados cada
seis años, lo que atenta contra la autonomía del poder judicial y contra la
carrera judicial, sin que los miembros de ese poder no digan ni pío, pues saben
que al entrar en vigor y se las quieran aplicar la cuestionarán con el amparo y
se llevarán buen rato en los cargos mientras se resuelven sus objeciones,
aprovechándose de esos huecos que trae la iniciativa. Que resulta esencial proponer
elevar a rango constitucional, porque no se dice en la iniciativa, que en
materia de salud un programa alimentario preventivo especializado, para
verificar que es lo que están consumiendo las personas y que proviene del
mercado donde abunda el producto chatarra y es el principal generador de
problemas como la diabetes, obesidad, hipertensión arterial, padecimientos que
en edad adulta atentan contra la dignidad humana y que a la postre son causa
principal de muerte de miles de guerrerenses; entre tantos otros cuestionamientos
que en el foro se hicieron.
El
esfuerzo hecho por Morena y por nadie más hasta el momento a la altura de ese
foro, de cuestionar la iniciativa del gobernador Aguirre, pretende meter en la
reflexión de la sociedad en general un asunto del más alto interés público y
que impacta el desarrollo político, social y económico del estado de Guerrero. Por éste medio hago un atento y respetuoso
llamado a los distintos sectores de la sociedad y también a los medios
informativos para estar atentos de la apertura solicitada por Morena al Congreso
de los distintos foros regionales y difundir tanto la iniciativa de reforma
como las propuestas que se vayan haciendo para reflexionar sobre lo que nos
depara el futuro como pueblo y como estado legalmente constituido en el
federalismo que nos rige.
El
Foro en el que participó el conferencista magistral Jaime Cárdenas Gracia y los
ponentes César Núñez Ramos, Román Ibarra Flores, Marcos Méndez Lara, Aidé
Ibarez Castro, Marcial Rodríguez Saldaña, Silvestre Arizmendi Torres, Ignacio
Vázquez Memije, Bulmaro Muñoz Olmedo y el que escribe, presentamos nuestras
propuestas, algunas de las cuales enriquecen éste artículo, de modo que
exigiremos al Congreso del Estado se retomen y promuevan su inclusión en la discutida reforma,
con el propósito de lograr una norma constitucional que resulte definitoria
para arrancar una nueva etapa que inicie con abatir la desigualdad, fortalecer
el desarrollo económico y patrimonial de los guerrerenses, que pugne y haga realidad la
productividad en el campo, la pesca, la ganadería, que proteja el medio ambiente,
que los sectores turísticos y empresarial tengan como sus fines ser generadores
de empleo, que arrope a los jóvenes y les garantice su educación profesional en
universidades públicas, combatiendo así las conductas delictivas que atentan
contra nuestra paz social y sea la justicia un fin que persiga el estado
solidario, en lugar del vilipendiado discurso de la “prevalencia del estado de
derecho y el imperio de la ley”, que no ha servido para otra cosa que
justificar actos represivos.
Si
bien la iniciativa, comparada con la actual Constitución que ya es obsoleta, contiene
puntos a destacar, son insuficientes para tener una Constitución de avanzada:
actual y vanguardista; comunitaria: cuyo texto sea congruente con la realidad y
dificultades de los pueblos más lejanos y olvidados; deliberativa: que incluya
a la sociedad en la discusión de las políticas públicas y en la toma de
decisiones; y esperanzadora: que nos permita lograr nuestras aspiraciones como
sociedad y personales, que cultive nuestros más altos valores humanos y fraternos.
Una reforma constitucional que busque erradicar y combatir gobiernos manirrotos,
demagogos o populistas y que ya con poderes plenipotenciarios proclives al endeudamiento
público de municipios y del Estado, se les permita ir perpetuando adeudos de
gobierno en gobierno. Que instaure un estado moderno, eficaz y justo. En suma:
Que garantice el pleno desarrollo de la sociedad y de sus individuos.
La
reforma, concluyo, debe hacerse pensando en que el poder público a pesar de
nuestra incipiente democracia, se sucederá cada seis años y que sus
repercusiones son a futuro y no en un aspecto ad hoc para el gobernador en turno. Una cuestión de estado es de
interés público, por lo que los diputados locales deberán asumir su alta responsabilidad
histórica de definición y trabajo legislativo, porque estamos convocando al
pueblo guerrerense a estar muy atento de su desempeño. El asunto es de
envergadura.
*Secretario
general del Morena en Guerrero.
Twitter: @RcayetanoG